Una señora indígena llega a las oficinas del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado en abril de 2003 para tratar de reparar el daño hecho a miles de personas durante la guerra. Esta señora fue violada por miembros del Ejército y va a una entrevista, a denunciar lo que ocurrió aquella mañana en la que fue ultrajada. Me pregunto cuán doloroso debe ser para ella recordar y revivir lo que pasó al tener que relatarlo para que se haga justicia. Pues bien, según me cuentan, en lo que se refiere a denuncias de violación en el PNR exigen la comprobación de que efectivamente las hubo. Y me pregunto por qué no les basta con el testimonio desgarrado de la señora indígena para creerselo. Me pregunto cómo se comprueba que hubo esa violación diez años después. Me imagino al funcionario diciéndole a la señora que no la ayudará porque no se puede demostrar que aquél coronel se le subió encima y abusó de ella.

Mujeres de una organización de Guatemala que investigaba las violaciones sexuales que se cometieron durante el conflicto armado, de 1960 a 1996, recibieron amenazas por parte de policías y militares retirados. Les pidieron que dejaran las indagaciones si no querían ser viudas o víctimas de abuso sexual.

El presidente Álvaro Colom dio hoy un paso adelante al anunciar la apertura de los archivos militares, hasta ahora considerados secretos de Estado en manos del Ministerio de Defensa, lo que contribuirá al esclarecimiento de muchos de los crímenes del pasado. Quizás también tendría que revisar el funcionamiento del Programa Nacional de Resarcimiento en lo que se refiere a los casos de violación.

Ojalá no se quede todo en agua de borrajas.

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