En las afueras del Centro de Mayoreo de la Ciudad de Guatemala, camuflados en ese ir y venir de gente comprando en los tenderetes dispuestos en las calles abarrotadas, hay hombres que buscan embarazadas y a voz en grito les ofrecen de 15.000 a 20.000 quetzales (entre 1.900 y 1.600 dólares) para que entreguen a los hijos que llevan en sus entrañas. Me lo cuentan en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Durante años, la falta de una regulación adecuada, de una autoridad central que controle los trámites y el afán de lucro de un grupito de notarios sin escrúpulos ha fomentado que mujeres de pocos recursos y mucha descendencia den a sus hijos en adopción a cambio de dinero. Las deficiencias en la ley también han descuidado la idoneidad de las familias adoptantes, casi todas estadounidenses. Se entregan niños a las familias y no familias a los niños. La adopción es necesaria en Guatemala y en muchos casos seguro que es beneficiosa para esos menores que aquí no lo tendrían tan fácil, pero es preciso establecer normas que impidan que esta institución siga siendo una compra-venta de bebés. Por eso el Congreso ratificó el pasado 21 de mayo el Convenio de la Haya sobre Adopciones Internacionales y ya pasó en segunda lectura una ley de adopciones que prevé crear una autoridad central reguladora y reducir al mínimo la participación de los notarios en el proceso.
Me contaban también el caso de una adolescente de 19 años, que fue adoptada con un año por una familia estadounidense y que al haber desarrollado una enfermedad congénita, quiere ser "devuelta" al Gobierno de Guatemala por sus progenitores adoptivos. Casos como éstos demuestran que en algunos casos lo que se atiende es el interés de esas parejas extranjeras y no el interés del niño. Los hoteles más lujosos de la capital tienen plantas exclusivas para los adoptantes y en la colonial La Antigua es común ver parejas con bebés paseando por las calles empedradas.
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Gonaives (Haití)
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